Bogotá / Colombia,


3 de agosto de 2017 - Ausencia de Ley de Consultas Previas atenta contra cierres financieros
La adopción de reglas claras en esta materia, también conviene a las comunidades “de verdad”.


La Cámara Colombiana de la Infraestructura, (CCI), recibió con enorme preocupación el hecho de que el pasado 20 de julio el Gobierno no hubiese radicado ante el Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria de consultas previas, tal como se había anunciado por parte de distintos voceros oficiales. Las expectativas del sector empresarial estaban cifradas en el hecho de que la iniciativa fuera tramitada durante la legislatura que comienza, para así poner freno a las innumerables trabas que surgen a la hora de ejecutar diferentes obras de infraestructura, precisamente, por la ausencia de dicho proyecto. 

Para Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la CCI, se trata de un asunto alarmante, toda vez que los tiempos, los costos y los procesos que giran en torno a las consultas previas desincentivan la consecución de la financiación necesaria para viabilizar las iniciativas del sector, puntualmente las del Programa de Concesiones Viales de Cuarta Generación (4G).

Dentro de las dificultades más importantes que se han generado en los procesos de consultas previas en los proyectos viales, vale la pena enumerar las siguientes:

1. Aparición de comunidades que no están certificadas por el Ministerio del Interior y las cuales se valen de fallos de tutela para ordenar a los concesionarios a adelantar procesos de consultas previas.

2. Algunos de estos fallos ordenan la suspensión de obras o las supeditan a la realización de las mencionadas consultas. 

3. El derecho de negociación de las comunidades no tiene limitación alguna y, en muchas ocasiones versan sobre intereses económicos particulares o buscan suplir necesidades que el Estado no ha satisfecho. 

4. Retraso en los plazos contractuales.

5. Incertidumbre para los financiadores.

A juicio del vocero gremial, la ley estatutaria debe implementar un adecuado censo y registro de comunidades, un procedimiento claro y definitivo sobre las consultas, y una institucionalidad robusta que se responsabilice de las mismas.

El Presidente del gremio de la infraestructura, también sostuvo que la ley debe ser garantista de cara a los intereses legítimos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y sostuvo que el nuevo marco normativo les conviene a ellas sobremanera. Argumentó que, en efecto, la adopción de reglas claras en esta materia evita que los derechos de las comunidades “de verdad”, sean manipulados de manera perversa por intereses politiqueros, por abogados inescrupulosos, o por las mafias de la corrupción, tal y como ha sucedido en el pasado reciente.

Por último, Caicedo Ferrer expresó que resulta inconveniente, dada la coyuntura fiscal por la que atraviesa el país, que el crecimiento económico  -que hoy depende en buena medida del desarrollo de la infraestructura- se estrelle contra una pared, ahora por cuenta de la inseguridad jurídica que genera el hecho de no contar con una ley de consultas previas.    


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