Bogotá / Colombia,


17 de marzo de 2019 - Al oído de la Corte

Por: Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.


El pasado 4 de marzo, el presidente Duque dio un paso histórico en la lucha contra la corrupción. Rodeado de una veintena de testigos y sin mayores vacilaciones, estampó su firma en la última página del decreto que reglamenta el pliego tipo vinculante por ley. Con ello, el mandatario dio luz verde a este instrumento que, en líneas gruesas, estandariza los documentos que dictan, una a una, las pautas de todo proceso licitatorio relacionado con obras públicas. Documentos que, para desventura del país, han sido manipulados y confeccionados, durante décadas, a la medida justa de los intereses non sanctos de contratistas corruptos.

Así, con la bendición presidencial del decreto en mención, finalmente el pliego tipo, incluido en la Ley 1882, de enero del año pasado, entrará en vigor el próximo 1.° de abril. Ello significa que, a partir de ese día, las entidades del Estado que contraten al amparo de la Ley 80 –Estatuto General de Contratación– deberán diseñar sus procesos licitatorios bajo los lineamientos establecidos en el citado pliego estándar. De esta manera, es evidente, empezará a cerrarse el cerco para los adalides de las prácticas inescrupulosas.

Si bien la noticia cayó como una bocanada de aire fresco entre aquellos que hemos librado la batalla para combatir la corrupción, es cierto que para dar el canto de victoria aún falta superar un escollo que podría dar al traste con la implementación del pliego tipo. Se trata de una demanda presentada ante la Corte Constitucional según la cual el mencionado mecanismo despojaría de autonomía a los dirigentes territoriales, cuando de contratar se trate. A la luz de los demandantes, la figura resultaría inconstitucional, toda vez que el Gobierno Nacional se estaría atribuyendo las facultades autónomas de los mandatarios locales.

Crasa equivocación cometen los contradictores de la disposición. En contravía de su hipótesis, los gobernantes regionales siguen siendo autónomos a la hora de decidir en qué invertir los recursos de su territorio, pues la ley no los coarta en ese frente. Y son ellos mismos, justamente, los encargados de priorizar la destinación de dineros públicos, por ejemplo, a infraestructura vial, educativa o de salud.

Pero, más allá del debate que gravita en torno a la autonomía, la adopción del pliego tipo es el resultado, en buena medida, de una serie de recomendaciones de la Ocde, ese club de las buenas prácticas al cual hoy Colombia pertenece. Entre las sugerencias del organismo internacional aparece con especial acento, precisamente, la estandarización de documentos relacionados con la contratación pública para fomentar la transparencia.

Por otro lado, este instrumento garantiza la pluralidad de oferentes en los procesos licitatorios, aspecto que beneficia en particular a las pymes de ingeniería, pues les ofrece mayores posibilidades de entrar al mercado. Asimismo, su aplicación facilita las labores de los órganos de control y vigilancia, ya que, al tratarse de un documento estándar, permite identificar con celeridad aquellos eventos en los que pueda configurarse un delito.

En resumen, con la entrada en vigor del pliego tipo gana el país y pierden los corruptos. De ahí la necesidad de hacer un llamado a la Corte Constitucional en el sentido de que contemple la posibilidad de debatir, a puertas abiertas, sobre todo aquello que encierra en su conjunto este instrumento, orientado a hacerle frente a la corrupción.

Del buen tino del alto tribunal dependerá entonces que Colombia siga el ejemplo de aquellas naciones que conforman la Ocde y han sabido batallar contra las prácticas corruptas cobijados bajo el escudo de la estandarización de sus documentos. El país lo necesita, y la sociedad así lo demanda.


Esta columna de opinión fue publicada en El Tiempo el 17 de marzo. Encuéntrela aquí

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