Bogotá / Colombia,


24 de mayo de 2019 - Dice la CCI: “Decisión sobre la carrera séptima, pone en jaque principios democráticos”

La CCI es respetuosa de las decisiones judiciales que profieran las autoridades de la República, sin embargo, considera que la afectación a proyectos de infraestructura en beneficio del interés general, previstos en los planes de desarrollo territorial propuestos por mandatarios democráticamente elegidos, es una delicada circunstancia que pone en peligro, no solamente la división de poderes, sino también el progreso de las ciudades. Este es el caso de la medida cautelar decretada por el juez cuarenta y nueve administrativo de Bogotá, que ordena la suspensión del proceso licitatorio para contratar el sistema Transmilenio en la carreta séptima. 

Este tipo de decisiones judiciales, proferidas en el marco de acciones populares promovidas por particulares, crea inseguridad jurídica para los inversionistas y afecta gravemente la movilidad presente y futura de la capital. La CCI confía en que la segunda instancia, en este caso el Tribunal Administrativo de Bogotá, revisará la decisión y permitirá el curso normal del proceso de contratación para que el interés general prime sobre el particular.


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