Cámara Colombiana de la Infraestructura

Bogotá / Colombia,


19 de junio de 2019 -  Responsabilidad de las autoridades locales y ambientales en las recientes calamidades en las carreteras del país

A propósito de la problemática que ha afectado a algunos corredores estratégicos para la competitividad nacional, como la doble calzada Bogotá-Villavicencio, la autopista Bogotá-Medellín o la carretera que conduce de la capital del país a Anapoima, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, aseguró que las gobernaciones, las alcaldías municipales, las corporaciones regionales y las autoridades ambientales, tienen una enorme responsabilidad por no ejercer controles adecuados de cara a la deforestación, el cambio climático y el uso del suelo, sin duda, tres elementos que están incidiendo de forma directa sobre los deslizamientos de tierra y la afectación de los materiales de las bases en las vías. 

“Las autoridades locales son, justamente, las encargadas de ejercer controles para mitigar los efectos del cambio climático y la deforestación, pero poco o nada están haciendo para contener dichos fenómenos que, hoy más que nunca, están contribuyendo a exacerbar los derrumbes en las carreteras del país cuyas condiciones topográficas son enormemente complejas”, señaló Caicedo Ferrer.

El dirigente gremial también encendió las alarmas sobre el mal uso del suelo que se viene dando en las áreas de influencia de las carreteras nacionales y advirtió que este asunto es otro de los tantos factores generadores de riesgos de derrumbes en áreas montañosas.

“Hay zonas que son rurales y de la nada las vuelven agroindustriales sin ningún tipo de estudio. Así se evidencia, por ejemplo, en Quetame y Guayabetal en donde existen una gran cantidad de terrenos dedicados a la ganadería o a la agricultura, en zonas de alto riesgo, sin contar con estudios responsables o con el aval de las autoridades ambientales, debida y técnicamente fundamentado. Al final del día, esos malos manejos del suelo son, precisamente, los que terminan debilitando las montañas y ocasionando los derrumbes que hoy estamos padeciendo”, explicó el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

A la luz de Caicedo Ferrer, los Planes de Ordenamiento Territoriales (POT) deben ser revisados con lupa para modificar aquellos boquetes que hoy están permitiendo cambios en el uso del suelo, los cuales han abierto la posibilidad de deforestar y adaptar terrenos para iniciar actividades agroindustriales sin ningún tipo de control por parte de las autoridades locales.

El dirigente gremial hizo un llamado a las gobernaciones, alcaldías y autoridades ambientales para que ejerzan un mayor control sobre la deforestación, el cambio climático y, particularmente, el uso del suelo. “La gran mayoría de las construcciones que están a lo largo de las carreteras carecen de la respectiva licencia. Son ilegales. En eso hay que tomar una decisión: legalizarlas como es debido, pero ese paso debe estar supeditado a la debida vigilancia sobre los vertimientos de agua, a fin de que no haya afectaciones en las carreteras. De otro lado, si continúan las actividades agroindustriales sin ningún tipo de control y siguen proliferando construcciones ilegales sobre los márgenes de las carreteras, será imposible detener el fenómeno que hoy estamos evidenciando en algunas de nuestras vías estratégicas para la competitividad nacional".

Por último, Caicedo Ferrer coincidió con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y respaldó la tesis de la funcionaria, en el sentido de que hay que propender por el manejo responsable del territorio que circunda las carreteras. Agregó que también acierta la Ministra, cuando expresa que las decisiones que deberán tomarse, tras el insuceso de la Vía al Llano, tendrán que estar soportadas en estudios técnicos y no en especulaciones de toda índole, o en consideraciones de tipo político.

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