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Sobre recientes decisiones de la Fiscalía:

Se pronuncian la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la Sociedad Colombiana de Ingenieros y otros gremios del sector

• La injusta penalización de ingenieros gravita como nuevo factor de inseguridad jurídica para la inversión en Colombia.

• Se deslegitima el Estado de Derecho en el país cuando la justicia convierte en causas penales los asuntos contractuales de la ingeniería.

• Los ingenieros no pueden ser señalados como delincuentes en asuntos que deben resolverse a través de la justicia arbitral, la amigable composición ó la efectividad de las pólizas de cumplimiento.

• La penalización injusta de los contratistas, se convierte también en grave factor de riesgo para el desarrollo de la infraestructura nacional, justamente cuando el país más lo requiere.

Las anteriores manifestaciones, hacen parte del pronunciamiento hecho el pasado 13 de marzo por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la Sociedad Colombiana de Ingenieros y otros organismos del sector, con relación a las decisiones que viene adoptando la Fiscalía como consecuencia de algunos contratos de ingeniería.

El texto completo del pronunciamiento es el siguiente:

PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA, LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS Y SUS SOCIEDADES CORRESPONDIENTES, EN TORNO A LAS RECIENTES DECISIONES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LA EJECUCION DE ALGUNOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA

Los miembros de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y sus sociedades correspondientes, empresarios e ingenieros dedicados a distintas actividades que redundan en beneficio de la economía del país y su competitividad, son enfáticos en condenar todo tipo de falta que implique un quebranto a la transparencia en la contratación pública de la infraestructura y, en general, cualquier vulneración a normas éticas o legales que afecten los intereses del Estado, la sociedad y la libertad empresarial.

Con la misma energía señalamos que, para los empresarios de la infraestructura y el gremio de la ingeniería, es motivo de gran sorpresa y preocupación la posibilidad de que quienes ejecutan las labores propias de su profesión, sean señalados de manera precipitada como infractores de la ley penal y tratados como delincuentes.

La inconveniencia de solucionar los conflictos contractuales a través de la justicia penal. Alertamos al país sobre lo inconveniente y peligroso que resulta generalizar la solución de los conflictos contractuales a través de la intervención de fiscales y jueces penales, en la medida en que el Estado cuenta con múltiples instrumentos para defender los intereses públicos vinculados en la contratación. En efecto, los contratos estatales cuentan con instrumentos como las pólizas de cumplimiento, las cláusulas exorbitantes, mecanismos de solución de controversias como la conciliación, la amigable composición y el arbitramento, que están diseñados para resolver los antagonismos y las vicisitudes contractuales, buscando siempre la protección del interés público.

La resolución de los conflictos que gravitan en torno a la contratación de la infraestructura a través de los mecanismos propios de los contratos estatales, es la vía óptima para la justicia y satisfacción de las expectativas de los ciudadanos en general y los usuarios de la infraestructura, en particular. Resolver cuestiones esencialmente contractuales en el escenario de la justicia penal puede ser el camino más peligroso que haya de emprender un país que busca el desarrollo económico.

El desarrollo de la infraestructura podría afectarse por la inseguridad jurídica que genera la penalización de los conflictos contractuales. La construcción de la infraestructura que requiere el país se afectaría sustancialmente si los inversionistas, contratistas o empresarios se ven expuestos a afrontar un proceso penal y una pena privativa de la libertad por conductas que pueden tener una solución adecuada en el marco de las cláusulas de los mismos contratos y que no constituyen violación a preceptos penales que ameriten una sanción de igual naturaleza. Dicha forma de proceder desconoce el carácter subsidiario del derecho penal propio de un Estado Social y Democrático de Derecho. El país debe comprender que los conflictos contractuales son de naturaleza fundamentalmente económica y que, por ende, es una vía equivocada acudir de forma reiterada a la justicia penal para su solución. En tal virtud, la solución económica, técnica y financiera de conflictos de igual naturaleza debería realizarse verdaderamente ante la justicia contractual, dejando a salvo los intereses de la comunidad.

El Estado cuenta con importantísimos instrumentos –distintos al derecho penal- que permiten ejercer una adecuada defensa del interés público en los contratos estatales. Lo anterior es especialmente predicable en un sistema jurídico como el colombiano, en el que las relaciones entre el Estado y los contratistas se caracterizan porque el primero cuenta con prerrogativas exorbitantes que le permiten declarar caducidades e incumplimientos contractuales de parte de los particulares, imponer multas y hacer uso de otras herramientas que están construidas para satisfacer las expectativas de la sociedad, así como proteger los intereses públicos y el patrimonio del Estado.

Los proyectos de infraestructura son excesivamente complejos y como tal deben ser examinados por todos los actores y la justicia que tiene un papel fundamental Reiteramos que en ningún caso el hecho de no acudir a la justicia penal puede ser interpretado como una especie de impunidad o ausencia de justicia que afecte los intereses públicos. Por el contrario, teniendo en cuenta que la ejecución y construcción de los grandes proyectos de infraestructura involucra aspectos de inmensa complejidad y que en ellas intervienen múltiples actores que ostentan roles diversos, consideramos que la atribución de una responsabilidad en uno de ellos debe adelantarse con sumo cuidado y profundo conocimiento de los distintos componentes de un contrato estatal. La puesta en marcha de un proyecto de infraestructura siempre implica la realización de estudios, diseños, proyectos y obras sucesivas, simultáneas o complementarias y la toma de complejas decisiones, que deben analizarse fundamentalmente por la vía administrativa o contractual.

La utilización del derecho penal debe ser estrictamente residual, es decir, solo puede emplearse en la medida en que las irregularidades no encuentren solución al amparo de la normatividad propia de la contratación estatal y cuando los elementos de juicio conduzcan a la clara violación de los preceptos penales. Los casos en los que se dificulte la diferenciación entre la responsabilidad penal y la estrictamente contractual, deben ser analizados por los fiscales y jueces con la mayor ponderación, con el fin de que los procesos penales no entraben la solución definitiva de los conflictos contractuales y, por ende, la culminación exitosa de los proyectos de infraestructura.

La importancia de la justicia en la contratación publica. Fieles a los postulados del derecho y la justicia, clamamos entonces por la resolución económica de lo contractual y por una justicia que lleve hasta las últimas consecuencias la investigación y persecución de los verdaderos delitos y delincuentes, que no amenace el ejercicio de las libertades económicas y empresariales, más aun cuando ellas están tan íntimamente unidas a la satisfacción de las expectativas de las comunidades; y que no conduzca, en fin, a la penalización injusta y arbitraria de contratistas y consultores de probada honestidad.

Concluyamos, de esta manera, en que la injusta penalización de contratistas honrados gravita ahora como nuevo factor de inseguridad jurídica para la inversión. Se deslegitima el Estado de Derecho en Colombia cuando la justicia convierte en causas penales los asuntos contractuales o civiles de la ingeniería nacional. Los ingenieros, ciertamente, no pueden ser señalados como delincuentes en asuntos que deben y pueden resolverse a través de instrumentos como la justicia arbitral, la amigable composición o la efectividad de las pólizas de cumplimiento. Es fácil entender, finalmente, que la penalización injusta de los contratistas se convierte también en grave factor de riesgo para el desarrollo de la infraestructura nacional, justo en un momento en que el país más lo requiere.

JUAN MARTIN CAICEDO FERRER
Presidente Ejecutivo
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

HÉCTOR PARRA FERRO
Presidente SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS



Ingeniero LUIS ENRIQUE SANABRIA GRAJALES
Director Ejecutivo
CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO INDUSTRIAL – CORASFALTOS


Ingeniero SIMÓN CARRILLO MADERO
Presidente
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS CIVILES
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA – AICCA


Ingeniero MIGUEL CASTELLANOS M.
Presidente
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEL AGUA
SUBTERRÁNEA – ACOAGUA


Ingeniero JOSE HERNÁN GARCÍA MARTINEZ
Presidente
ASOCIACION DE INGENIEROS FERROVIARIOS
DE COLOMBIA


Ingeniero CESAR GARCIA GIL
Presidente
ASOCIACIÓN DE INGENIEROS TOMISTAS – AIDUSTA

Ingeniero CARLOS ALBERTO CADENA PALACIO
Presidente
ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS JAVERIANOS

Doctor DANIEL CORREA SENIOR
Presidente
FEDERACION COLOMBIANA DE FABRICANTES
DE ESTRUCTURAS METÁLICAS – FEDESTRUCTURAS


Ingeniero ERWIN RAMÍREZ PASCUAS
Presidente
ASOCIACION DE INGENIEROS GRANCOLOMBIANOS

Ingeniero DANIEL EDUARDO COTES QUIJANO
Presidente
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS ESPECIALISTAS
EN VOLADURAS EN OBRAS CIVILES Y MILITARES – ACIEV

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